Por Jeremy Herb y Tierney Sneed, CNN
Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes el intento sin precedentes del Gobierno de Trump de obligar a California a apartar los votos de 20.000 personas que, según afirma, no son ciudadanas estadounidenses.
La demanda del Departamento de Justicia en California, presentada a principios de este mes, forma parte de su creciente esfuerzo por involucrar al Gobierno federal en la manera en que los estados administran sus elecciones.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. rechazó la apelación de emergencia del Departamento de Justicia tras escuchar argumentos durante una inusual audiencia de emergencia celebrada el domingo por Zoom.
El juez Mark Bennett, designado por Trump, y el juez Gabrial Sanchez, designado por Biden, determinaron que el tribunal de apelaciones no tenía autoridad para pronunciarse sobre la demanda del Departamento de Justicia antes de que el tribunal de distrito abordara el asunto.
“La supuesta emergencia de Estados Unidos es, al menos en parte, obra suya”, escribió la mayoría. “Al menos parte de la demora en este caso es atribuible a la propia tardanza de Estados Unidos en presentar la demanda, en darse cuenta de que la legislación vigente del estado de California rige la emisión y el procesamiento de las boletas electorales, en reconocer que California tiene millones de votantes registrados y procesa las boletas según un cronograma acorde con esa escala, y en comunicar al tribunal la medida que solicitaba”.
Un tercer juez del panel, Patrick Bumatay, designado por Trump, discrepó.
La decisión devuelve el caso al Tribunal de Distrito de EE.UU. en California, donde está programada una audiencia para el martes a las 4 p.m., hora de Miami.
El Departamento de Justicia presentó una demanda a principios de este mes para impedir que funcionarios de California cuenten más de 20.000 votos por correo vinculados a personas que, según el Gobierno federal, probablemente no son ciudadanas estadounidenses. El Departamento de Justicia apeló ante el Noveno Circuito después de que el juez del tribunal de distrito no emitiera un fallo la semana pasada antes de la audiencia del martes.
Aunque los jueces del Noveno Circuito se pronunciaron únicamente sobre las cuestiones procesales, dos de los tres jueces del panel también expresaron durante la audiencia del domingo un considerable escepticismo sobre los argumentos de fondo del Departamento de Justicia.
Bennett dijo en una opinión concurrente que, si el tribunal de apelaciones hubiera tenido autoridad para resolver la demanda en este momento, habría fallado en contra del Departamento de Justicia sobre el fondo del caso. Señaló que no hay nada en la ley federal en cuestión “que prevalezca sobre la autoridad principal de los estados en la administración electoral”.
“California todavía puede —y, de hecho, debe— elaborar sus propios procedimientos para regular las elecciones al Congreso y las impugnaciones de boletas en esas elecciones”, escribió.
Bennett agregó que la medida solicitada por el Departamento de Justicia “podría causar enormes dificultades a los demandados y perjudicar al público al poner en riesgo el derecho al voto de votantes habilitados y todo el proceso de escrutinio”.
El estado y el condado de Los Ángeles argumentaron el domingo que la Constitución otorga principalmente a los estados la facultad de administrar las elecciones, y que las afirmaciones del Departamento de Justicia se basaban en listas poco confiables de supuestos votantes no ciudadanos que fueron enviadas al estado cuando las elecciones ya estaban en curso.
“La orden del tribunal constituye un paso importante en nuestros esfuerzos por proteger el derecho al voto de los californianos y la autoridad de nuestro estado para celebrar elecciones justas y seguras”, dijo el fiscal general del estado, Rob Bonta, en un comunicado el lunes.
En la audiencia del domingo, Bennett cuestionó por qué los tribunales debían anular los procedimientos de California, cuando la Constitución otorga principalmente a los estados, junto con el Congreso, y no al Poder Ejecutivo, la facultad de administrar las elecciones.
“Me parece que ustedes quieren que emitamos una orden judicial que es totalmente incompatible con la ley adoptada por la Legislatura de California de conformidad con la Cláusula Electoral. ¿Cómo podemos hacer eso?”, preguntó al abogado del Departamento de Justicia, Matthew Donnelly.
En una opinión concurrente separada, Sanchez escribió que la “orden judicial solicitada por el Departamento de Justicia transformaría las reglas electorales de California para una elección que ya está en marcha y causaría una confusión generalizada entre los votantes y los funcionarios electorales, desviaría recursos de la administración electoral y ‘daría paso al caos electoral’”.
“En medio de una elección en curso, Estados Unidos pide al tribunal federal que dicte a una legislatura estatal qué hacer en un asunto que pertenece claramente al ámbito tradicional del estado, trastocando las políticas estatales al respecto y propiciando el desorden y la confusión tanto para los votantes como para los funcionarios electorales”, escribió Sanchez.
El domingo, Sanchez, además, hizo preguntas incisivas a Donnelly sobre cómo el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional elaboraron su lista de 20.000 votantes, y señaló vacíos en la explicación que el Gobierno federal presentó en documentos judiciales.
Sanchez indicó que las declaraciones juradas de dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sobre el proceso de elaboración de la lista de 20.000 votantes incluían referencias a “datos de terceros o análisis confiables de terceros”, y presionó a Donnelly para que brindara más detalles sobre a qué se referían en realidad.
Donnelly dijo que no tenía información sobre qué terceros se utilizaron.
“Usted no puede explicar quiénes son estos terceros que desempeñaron algún papel en la cadena de análisis de esta lista”, dijo Sanchez. “Y la fiabilidad de la lista, y en gran medida la de sus afirmaciones, depende de la fiabilidad de esa lista”.
Sanchez también presionó a Donnelly sobre la lista de votantes en la que se basaba el Gobierno federal, ya que California, al igual que la mayoría de los estados, se resistió a las exigencias del Departamento de Justicia de entregar su archivo de votantes sin tachaduras.
Donnelly dijo que al Gobierno federal “se le proporcionó una lista que había sido comprada” originalmente a California y que luego se utilizó para identificar a presuntos votantes que no eran ciudadanos. Samuel Siegel, abogado del estado de California, argumentó que el Gobierno de Trump se basaba en datos de una lista de votantes que estaba “sumamente desactualizada”.
Sanchez señaló los problemas que planteó en torno a los datos del Gobierno federal para cuestionar por qué el Departamento de Justicia esperaba que el tribunal de distrito pudiera pronunciarse sobre este asunto con tanta rapidez.
“¿Cómo se suponía que se emitiría una orden judicial en cuestión de horas cuando hay tantos asuntos fácticos que deben esclarecerse para determinar si las afirmaciones del Gobierno tienen algún fundamento?”, preguntó Sanchez.
En su opinión disidente del lunes por la noche, Bumatay argumentó que se debe permitir que el Gobierno federal impida que personas que no son ciudadanas voten.
“La pregunta —¿tiene el Gobierno federal la facultad de detener este posible ataque a la integridad de nuestras elecciones?— debe responderse afirmativamente tanto en virtud de la legislación federal como de la Constitución”, escribió. “Ninguno de los contraargumentos de California impide que el Gobierno federal intervenga e intente impedir que California haga la vista gorda mientras extranjeros podrían estar votando en elecciones federales”.
Durante la audiencia del domingo, Bumatay presionó a los abogados del estado y del condado para que explicaran cómo verifica California si un votante es ciudadano y pidió detalles sobre el proceso utilizado.
“Entonces, no es tan extraordinario pedirle a California que verifique la ciudadanía de un votante, ¿correcto?”, preguntó Bumatay.
“Sí lo es en la forma en que el Gobierno federal lo está solicitando en este caso”, respondió Siegel.
Este artículo se actualizó con información adicional.
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